20.7.06

URGENCIA DE CAMBIOS


Chile necesita verdaderas universidades.
José Luís Arias
Profesor Titular, Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias y Centro para la Investigación Interdisciplinaria Avanzada en Ciencias de Materiales, Universidad de Chile. jarias@abello.dic.uchile.cl


Ante el reciente rebrote de preocupación por los problemas de la educación universitaria evidenciada por las actividades estudiantiles junto a algunas acaloradas publicaciones de autoridades públicas y de personas naturales aparecidas en los medios de comunicación, deseo plantear algunas reflexiones que pretenden servir de orientación para un análisis moderno, ponderado y desapasionado de la situación universitaria nacional.

El problema del sistema universitario nacional no es un asunto de propiedad y por lo tanto no se relaciona con quién sea el dueño de las instituciones. El problema radica en diferenciar inequívocamente las verdaderas universidades de otras instituciones que no son aunque lo parezcan. Como lo señalara el eminente Profesor Luís Izquierdo, las universidades son órganos que sirven a la sociedad en la medida que realizan las funciones académicas de enseñanza superior, investigación científica y tecnológica, cultivo de las humanidades y las artes, difusión y fomento de la cultura, las cuales pueden sintetizarse en la ineludible misión de generación y transmisión de conocimientos con un objetivo de desarrollo individual y social.

La Universidad no sirve a la sociedad si no realiza competentemente esas funciones, aunque realice otras, porque las académicas son la condición de posibilidad de las demás. El valor fundamental de las Universidades radica entonces en la calidad de sus académicos. De nada cuentan las declaraciones de política universitaria sobre compromisos con sectores postergados del pueblo o con el desarrollo regional o nacional, ni tampoco otras declaraciones sobre objetivos sociales o económicos, porque la Universidad académicamente impotente es en definitiva una mistificación, un insulto a la fe pública y una carga financiera para la Nación.

Esto no es cuestión de cuál sea la fuente de sus recursos (privados, públicos o mixtos), pues la Universidad académicamente impotente ejerce el privilegio de otorgar títulos profesionales, grados académicos y responder a consultas técnicas, con lo cual engaña a los estudiantes incautos y a la sociedad desapercibida, que acepta como válidos sus certificados e informes. Por lo tanto, cualquiera sea su régimen de gobierno, su sistema de administración y gestión, su proyecto educacional, su fuente de recursos o su origen propietario, la Universidad académicamente impotente no sirve a la democracia, en una perspectiva nacional. Aún así, la excelencia académica es condición necesaria pero no suficiente para servir al país, puesto que en una nación democrática es decisivo que la Universidad contribuya a realizar el ideal de igualdad de oportunidades de formación superior a los estudiantes que lo merezcan.

Excelencia académica e igualdad de oportunidades son las bases en las que debería estar estructurado el sistema universitario nacional. Actualmente existen más de 60 instituciones a las que la ley, a mi juicio livianamente, les otorga el rango de Universidades. Ya en 1985, el actual Senador Hernán Larraín advertía de la “ligereza con que se creaban entidades de educación superior, el afán mercantil que no garantiza la seriedad y responsabilidad de lo que se ofrece, la ausencia de medios eficaces para controlar la calidad de las nuevas entidades, la confusión de niveles que la ley permite contribuyendo a desdibujar sus propósitos, la aspiración de cualquier institución por convertirse en universidad y la necesidad de regular la carrera académica mediante pautas estrictas de evaluación”, esto es, comparable con estándares internacionales. Esto último ha sido puesto en ejecución por ya más de una década en las más prestigiadas universidades tradicionales.

Más que nunca es urgente una política y una legislación que cautele la autonomía de cada corporación, regule el funcionamiento armónico del conjunto, garantice la calidad académica de todas y asegure tanto el acceso como la permanencia en la universidad de los que tengan interés y capacidad aunque no dispongan de medios económicos. Así la regulación del sistema universitario es una obligación social permanente y resulta absurdo reducirla a la autorización para fundar una universidad o a la comparación de los planes de estudios. En este contexto las definiciones de universidad en la ley vigente es insatisfactoria, y aunque por lo menos menciona la investigación científica y la creación artística, otras disposiciones demuestran que las universidades se asimilan a empresas que tienen el privilegio de vender enseñanza superior reconocida por el Estado, lo que revela que sólo interesa una función docente mal entendida.

El concepto de universidad-empresa, que contrata profesores-empleados para atender a sus estudiantes-clientes se acompaña de la prohibición expresa del adoctrinamiento ideológico y político. Sin embargo, esto que pudiera resultar evidente para las universidades que son apoyadas, directa o indirectamente, por recursos fiscales de todos los chilenos, no ha resultado en el hecho evidente para algunas universidades privadas en las que su vinculación a corrientes ideológicas, confesionales o fraternidades de diversa índole no ha sido impedimento para su fundación o funcionamiento.

Fuera de esto, la legislación vigente no incluye ningún elemento objetivo que permita evaluar y resguardar efectivamente la calidad de las universidades. El D. F. L. Nº 1, de 30 de diciembre de 1980, del Ministerio de Educación Pública, en su artículo 1º expresa “ La Universidad es una institución de educación superior de investigación, raciocinio y cultura que, en el cumplimiento de sus funciones, debe atender adecuadamente los intereses y necesidades del país, al más alto nivel de excelencia”, y añade un su artículo 2º “ Corresponde especialmente a las Universidades: a) Promover la investigación, creación, preservación y transmisión del saber universal y el cultivo de las artes y de las letras; b) Contribuir al desarrollo espiritual y cultural del país, de acuerdo con los valores de su tradición histórica...”.

Es justamente esta redacción del decreto la que ha permitido una interpretación antojadiza y desvirtuante de su espíritu. Efectivamente para que una Universidad aparezca realizando investigación científica o creación en otros ámbitos, en preciso que sus académicos la impulsen y desarrollen. Pero el decreto no se refiere a ellos, por lo que esto a dado lugar a que baste un solo académico que realice investigación en una Universidad, para que toda la institución aparezca cumpliendo con la norma.

Como también lo planteara el Profesor Izquierdo, los autores de la legislación vigente, probablemente, supusieron la existencia de un mercado de educación superior y, por analogía con los mercados monetarios, pensaron que la competencia regularía naturalmente el sistema universitario. Sin embargo, el aumento de matrícula que se ha verificado en las universidades chilenas puede ser engañoso pues, en el hecho, está limitado por la extraordinaria escasez de académicos competentes y ésta sólo podría resolverse seriamente contratando académicos en el extranjero o desarrollando más los programas nacionales de postgrado.

Como esto no es rápido, muchas universidades han cedido a la tentación de diluir la calidad de la enseñanza, por la vía, por ejemplo de emplear por horas a profesores que han sido expulsados de universidades tradicionales por mala calificación, profesores de jornada completa, que aunque activos en universidades tradicionales, subsidian a otras universidades realizando furtivamente algunas clases en éstas, o profesionales, que aunque prestigiados en su ámbito, no son reconocidos por los que deberían ser sus pares académicos tanto nacionales como internacionales. Esto ha llevado a que para evitar el desprestigio tales instituciones realicen una publicidad engañosa con el fin de guardar las apariencias.

El mercado profesional así producido no resulta transparente, no sólo porque el valor de un servicio profesional es difícil de estimar o comparar, sino que porque los títulos profesionales de una misma denominación, reconocidos por el Estado en las actuales condiciones, parecen equivalentes al ciudadano que no está especialmente advertido. A todo esto hay que agregar que si hablamos de universidades de verdad, como son la mayoría de las universidades de países desarrollados y algunas chilenas que se les acercan, el costo efectivo de una formación propiamente universitaria supera de hecho la capacidad económica de la mayoría de los estudiantes o de sus familiares y, por lo tanto, resulta indispensable que el Estado subsidie directa o indirectamente, la enseñanza universitaria.

De hecho esto es así en todas partes del mundo, y aquellos que invocan un mercado educacional todopoderoso y libre, y que mencionan con frecuencia ejemplos como el de Estados Unidos, ignoran u olvidan que las universidades de ese país, incluso las que tienen gran patrimonio, e independientemente de si son estatales o privadas, alcanzan su nivel de funcionamiento y prestigio gracias a que la mayoría de sus estudiantes- especialmente de postgrado- son becados, y a que sus proyectos de investigación y desarrollo son financiados prioritariamente por el Estado y adicionalmente por la industria.

El efecto de tales donaciones sobre los académicos calificados y por ende sobre la enseñanza es decisivo, porque la producción en artes, humanidades y ciencias, no es sólo el mejor indicador de calidad universitaria, sino la causa de esa calidad. Aun más, analizando el problema en términos culturales, se descubre que éstos son irreductibles a términos de mercado, a menos que se trate de un mercado ideal que sólo existe en la mente de los ideólogos del mercantilismo.

En una sociedad real, como la nuestra, ¿qué es preferible? ¿un estudiante inteligente o un estudiante pudiente, un profesor talentoso o un profesor barato, estudios más exigentes o más fáciles, una educación menos costosa o una mejor educación, la carrera anhelada o la menos cara, la profesión satisfactoria o la más rentable?. En estas circunstancias, ¿qué experiencia o conocimiento real podría transmitir a los estudiantes un profesor que no viva o haya vivido la angustia de dudar, indagar y postular lo que enseña?.

Además, ¿cómo se podría objetivamente demostrar la calidad de un profesor, sino analizando su obra original? ¿Cuál es mejor profesor: el que cree que enseña bien o aquel al que le aprenden?. Como lo plantea Bustos-Obregón (1996), “sin investigación, la erudición degenera en verbalismo fatuo; sin erudición, la investigación se degrada a la colección y elaboración de asuntos triviales, sin ambas, la enseñanza resulta ser sólo charlatanería insulsa”.

Entonces, el procedimiento más certero y objetivo de acreditar la calidad de las carreras universitarias es acreditando a los profesores, es decir, a los universitarios permanentes, en vez de vigilar programas que cambian, examinar directamente estudiantes que pasan o analizar las pingues utilidades económicas que las instituciones generan.

En mi calidad de profesor universitario desearía invitar a las autoridades universitarias del país y como simple ciudadano elector, a los legisladores a redoblar sus esfuerzos en legislar sobre la calidad de la educación superior de modo de permitir que las universidades chilenas, tanto públicas como semi-privadas y privadas, puedan tener las mismas oportunidades para, por ejemplo:
mejorar su equipo de profesores-investigadores, infraestructura y equipamiento,
evaluar la excelencia de sus equipos académicos por sus méritos objetivos (ej.: calidad de su obra original, amplitud de su perspectiva cultural y honestidad intelectual),
mantener un equipo calificado de funcionarios de apoyo de las labores académicas,
obtener el financiamiento adecuado (independientemente de si su origen es privado o público),
impulsar la función ineludible de realizar investigación científica y creación humanista y artística de nivel internacional mediante equipos académicos de dedicación permanente a la universidad,
asegurar remuneraciones dignas y proporcionales a la labor productiva académica efectivamente demostrable,
seleccionar objetivamente a los mejores estudiantes (no necesariamente los más pudientes o ideológicamente los más congruentes),
permitir que todo buen estudiante tenga acceso a la buena educación universitaria independientemente de su situación económica u otra discriminación arbitraria,
evitar que los planes de estudio de las distintas carreras se orienten muy precozmente hacia propósitos profesionales negando el tiempo requerido para cualquier exploración intelectual seria,
amparar a los estudiantes desapercibidos de una frustración producto de una educación insuficiente en una universidad mediocre y
servir de palanca para el desarrollo económico, social y cultural de la Nación.

Sólo así se podrá mantener y acrecentar el prestigio de las Universidades que lo poseen y crearlo en aquellas que auténticamente luchan por obtenerlo, sin necesidad de recurrir a prácticas de publicidad y mercadeo que están caras aún para vender un producto de calidad comprobada. Esta es la única manera para que el sistema universitario nacional sea eficiente e internacionalmente reconocido. Esto es que, enriquecido por la singularidad de propiedad, administración y gestión de cada una de sus universidades, estas cumplan con su ineludible misión, cual es la de formar titulados y graduados a través de la generación y transmisión del conocimiento originado por la indisoluble comunión de equipos de académicos competentes y estudiantes entusiastas.

De no ser así, no veo la necesidad de tener universidades, pues bastaría con habilitar algunas salas anexas en las sedes de los Colegios Profesionales para difundir por tradición oral las experiencias profesionales personales. Lo que en definitiva caracteriza a la institución universitaria no es el entrenamiento profesional, ni la enseñanza de una disciplina o la investigación científica y tecnológica o la vinculación con otras instituciones públicas o privadas por sí solas, sino que todas estas funciones estructuradas e interdependientes que se integran para el desarrollo humano. El país debería ser capaz de terminar con las llamadas “universidades estacionamiento”, lugares dispuestos para mantener gente joven por algunos años de manera que desaparezcan transitoriamente de los indicadores de desempleo (The Economist, 1997).

El país se merece una legislación moderna y precisa que permita la fundación y mantenimiento de verdaderas universidades así como determine la clausura, fusión o reorganización de aquellas instituciones que no cumplan con los parámetros de calidad requeridos. Esta será la única manera de desvirtuar la profusión de análisis ligeros que nos hablan de Universidades públicas económicamente ineficientes, de Universidades semi-privadas de trato ambiguo y futuro incierto o de Universidades privadas académicamente incompetentes. La disyuntiva no está en si es público o privado, sino que en lo que es bueno y lo que no. Los electores y la fe pública lo agradecerán.

Referencias
Bustos.Obregón, E. (1996). Docencia Universitaria: Lo clásico y lo actual. Cuadernos Consejo Superior de Educación, Noviembre, pp. 6-9.
D. F. L. Nº 1, de 30 de diciembre de 1980, Ministerio de Educación Pública.
Izquierdo, L. (1984). Acreditar carreras universitarias requiere acreditar universidades. Cuadernos del Consejo de Rectores 23:30-45.
The Economist (1997). A survey of Universities. The knowledge factor. pp. 1-22.
Larraín, H. (1985). Nivel académico en Chile: Bases para una evaluación. En: La Educación Superior en Chile (Lemaitre, M.J., Lavados, I. Eds.), CPU, pp. 129-164.
Fuente: Ciencia Abierta

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